La justicia alcanza a Echeverría
Ordenan su aprehensión por el delito de genocidio

MÉXICO D.F.— Un tribunal unitario giró ayer orden de aprehensión y arresto domiciliario contra el expresidente mexicano Luis Echeverría Álvarez por el delito de genocidio. El anuncio causó conmoción, sobre todo porque se produce en un ambiente político altamente polarizado por las elecciones presidenciales que se efectuarán aquí el 2 de julio.

El ex mandatario, que gobernó al país entre 1970 y 1976, recibió la notificación en su domicilio, ubicado en el exclusivo barrio de San Jerónimo, al sur de la ciudad.

De acuerdo con Juan Manuel Ruiz Jiménez, director general de investigación ministerial de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Echeverría tendrá que responder por la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco.

Ruiz Jiménez, quien le entregó personalmente la orden de arresto a Echeverría, dijo que el ex presidente lo recibió con semblante tranquilo y que no mostró sorpresa alguna por la notificación. Agregó que debido a su edad avanzada (84 años) y a su delicado estado de salud, Echeverría no pisará la cárcel; sólo será sometido a arraigo domiciliario y personal de la Agencia Federal de Investigación (AFI) estará a cargo de supervisar que se cumpla el arraigo.

El abogado de Echeverría, Juan Velázquez, dijo a su vez que interpondrá un amparo ante un juzgado de Distrito contra la decisión emitida por el tribunal y el arraigo domiciliario contra su cliente.

Según Velázquez, Echeverría no es culpable del delito de genocidio que se le imputa porque los estudiantes fallecidos el 2 de octubre de 1968 no fueron víctimas de genocidio o de una política de exterminio contra los universitarios, sino del fuego cruzado que se desató esa tarde entre el ejército y grupos paramilitares.

En esa época, Echeverría se desempeñaba como secretario de Gobernación y el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Este último, ya fallecido, asumió desde un principio la responsabilidad de los hechos, registrados poco antes de que se celebraran las Olimpiadas de 1968 en México. Díaz Ordaz argumentó que había decidido reprimir el movimiento estudiantil para salvaguardar la estabilidad social y política del país y ahuyentar la "amenaza comunista".

Echeverría, por su parte, negó toda responsabilidad en la matanza. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan que él fue quien dio al ejército la orden de que disparara contra los estudiantes congregados en Tlatelolco.

Además de la matanza del 68, a Echeverría se le responsabiliza de haber tendido una emboscada a un grupo de estudiantes que resultaron muertos durante una manifestación en 1971, cuando ya era presidente de la República.

Asimismo, durante años, familiares de decenas de jóvenes desaparecidos durante la llamada guerra sucia que emprendieron los gobiernos mexicanos entre 1960 y 1970, responsabilizaron directamente a Echeverría de estos hechos. Una de sus más fervientes perseguidoras ha sido Rosario Ibarra de Piedra, dirigente de la organización Eureka, cuyo hijo despareció a principios de 1970 en Monterrey, Nuevo León, acusado de pertenecer a la desaparecida Liga Comunista 23 de Septiembre.

La orden de detención que ayer se giró contra Echeverría no es la primera. En septiembre de 2005 el fiscal especial Ignacio Carrillo había solicitado su detención por la matanza de 1968. Un juez rechazó la orden de aprehensión, pero la fiscalía apeló el caso y finalmente ahora un tribunal le da la razón.

Por lo que toca a la masacre de 1971, el caso fue cerrado definitivamente porque se estimó que no había elementos para procesarlo.

Además de cargar con el fantasma de estos crímenes, un gran sector de la opinión pública en México considera "nefasta" la presidencia de Echeverría por el grave endeudamiento en que sumió al país, debido al exagerado aumento de gasto público e inversiones que resultaron improductivas. Todo ello derivó en una seria espiral inflacionaria, devaluaciones y desempleo.Hoy, en el marco de la contienda electoral del 2 de julio, los enemigos del candidato perredista Andrés Manuel López Obrador lo acusan de pretender seguir esa misma política del pasado, que finalmente fue lo que llevó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a perder la Presidencia. Los perredistas, sin embargo, rechazan tajantemente que sus propuestas sean populistas. Aseguran que los ataques son infundados y parte de la guerra sucia contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para evitar su llegada al poder. "Es mentira que nosotros pretendamos endeudar el país y llevarlo a la quiebra; lo único que queremos es darle prioridad a los pobres por el bien de todos", ha dicho varias veces en su defensa López Obrador.

Publicado en La Opinión. 01 Julio 2006